Entidad gubernamental creada para implementar y supervisar la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y casos de corrupción. Los objetivos de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, tanto a nivel estatal como autonómico, son garantizar la confidencialidad y, en su caso, el anonimato de los denunciantes de corrupción, además de su protección frente a posibles represalias por denunciar conductas o acciones ilícitas dentro de sus organizaciones.

Así mismo, entre sus objetivos está lograr que más personas testigos de infracciones o delitos cometidos dentro de sus organizaciones y que puedan suponer un daño para el interés general (como los delitos de corrupción), den el paso y los denuncien, sabiendo que contarán con las garantías citadas en el párrafo anterior.